Llegan los “PERTE”

Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica

Para los que asesoramos en contratación pública, había altas expectativas en este final de año acerca de las anunciadas modificaciones legislativas de nuestra normativa, con el objetivo esencial de agilizar el reparto de los fondos Next GenerationEU o Instrumento Europeo de Recuperación que corresponden a España.

La realidad se concreta en algunos cambios generales introducidos por la Ley General Presupuestaria para 2021 para modificar los encargos a medios propios y elevar las cuantías de los procedimientos simplificados y, sobre todo, en la regulación específica del RDL 36/2020 para la contratación que se nutra de los fondos europeos (los del Instrumento de Recuperación y otros que concreta la norma).

Esencialmente y por lo que afecta a las modificaciones específicas del RDL 36/2020, estas se concretan en una reducción de plazos (flexibilizando el uso de la tramitación por urgencia) y de trámites, elevando aun más las cuantías de los procedimientos simplificados. Es relevante destacar que se reduce sustancialmente el plazo de interposición de recurso especial contra la adjudicación, desde el plazo general de 15 días hábiles a 10 días naturales. Pero, en general, podemos decir que se trata de medidas cosméticas y de poco calado.

Sí, nos vamos a detener en la figura de los PERTE, que resulta innovadora, puede dar bastante más juego y está en boca de casi todos.

Son proyectos de carácter estratégico que se aprobarán por el Consejo de Ministros (exclusivamente) bajo una serie de requisitos que acrediten una gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española.

En concreto, los criterios a valorar para declarar a un proyecto como PERTE serán, sin ánimo limitativo, algunos como los siguientes: (i) permitir combinar experiencia de diferentes actores para remediar importantes deficiencias sistémicas; (ii) tener un importante carácter innovador o aportar valor añadido en términos de I+D+i; (iii) ser importante cuantitativa o cualitativamente, con un tamaño o un alcance particularmente grandes, o que suponga un nivel de riesgo tecnológico o financiero muy elevado; (iv) favorecer la integración y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, así como el impulso de entornos colaborativos y (v) contribuir de forma concreta, clara e identificable a uno o más objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española.

Dicho esto, sobre lo que más queríamos llamar la atención es que antes del 1 de abril de 2021 deberá haberse desarrollado reglamentariamente y creado un Registro de los PERTE (dependiente del Ministerio de Hacienda) para acreditar a las entidades (tanto públicas como privadas) interesadas en alguno de ellos. La condición de entidad acreditada debe realizarse para cada uno de los PERTE.

Estar en ese Registro no es per se imprescindible para luego poder ser adjudicatario de algún contrato público que se licite en ejecución del PERTE o para ser beneficiario de ayudas vinculadas a su desarrollo, pero se puede considerar requisito necesario para ser beneficiario de ayudas, si así lo disponen sus bases reguladoras.

Por tanto, todas las entidades que quieran beneficiarse de las ayudas de los fondos europeos deberán estar muy atentas a los PERTE que se vayan aprobando y solicitar su inscripción en el Registro, en los términos y condiciones que disponga la normativa reglamentaria que lo regule en los próximos meses.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, 1998

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