Mills & Reeve and Laffer Abogados advise on Di Maria’s UK record transfer

"National law firm Mills & Reeve and Spanish law firm Laffer Abogados have advised Argentinian international footballer Angel Di Maria on his transfer to Manchester United from Real Madrid for £59.7m – a British record.

Mills & Reeve's senior solicitor Andrew Macdonald and associate Richard Plaistowe worked alongside Laffer Abogados' team comprising partners Rodrigo Garcia Lucas and Jose Lasa Azpeitia on the deal, which is the sixth most expensive global signing in history. It is capped only by big-value transfers to Real Madrid and Barcelona in Spain including Real's signing of Gareth Bale for £85m and Barcelona's payout of £75m for Luis Suarez.

Legal Business understands that the majority of the legal work on the Manchester United side was carried out by the football club's in-house team, led by director of legal and business affairs Patrick Stewart along with regular adviser Brabners.

In a statement commenting on the five-year-contract, which was officially signed on Tuesday, Mills and Reeve's Andrew Macdonald said: 'As with many of these deals it was all completed relatively quickly once the player arrived for his medical and sat down to finalise the contract. Clearly we were delighted to be involved in what is currently a record deal for a British club.'

Mills and Reeve's sports offering is led by partner Mark Hovell and was bolstered in 2013 with its merger with George Davies. Football club clients include Manchester City, Norwich City and Birmingham City. The team also works with a range of leading sports organisations, including The Professional Footballers' Association and The Scottish Professional Footballers' Association.

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Las cláusulas de rescisión en el fútbol profesional español

clausulas-rescision-futbol-profesional-espanolA raíz de algunos movimientos de salida en el fútbol español, ocurridos este verano, mediante el pago de
indemnizaciones de salida establecidas en los contratos de trabajo, conviene analizar la naturaleza jurídica y efectos de
las llamadas cláusulas de rescisión (buy-out clauses en inglés) y su catalogación dentro del régimen de transferencias
regulado por la FIFA.

04-02-2013

1. Origen de las cláusulas de rescisión y declive de su utilidad


En el año 1985, cuando el legislador español quiso regular la actividad de los deportistas profesionales, adoptó una
norma, muy novedosa para la época, cuyo fin y espíritu era el de posibilitar que los deportistas pudiesen extinguir sus
contratos de trabajo mediante el pago de una indemnización que se tasaría por el Juez de lo Social, o que hubiese
pactado previamente con su club empleador.

“Artículo 16. Efectos de la extinción del contrato por voluntad del deportista.
1.- La extinción del contrato por voluntad del deportista profesional, sin causa imputable al club, dará a este derecho, en
su caso, a una indemnización que en ausencia de pacto al respecto fijará la jurisdicción laboral en función de las
circunstancias de orden deportivo, perjuicio que se haya causado a la entidad, motivos de ruptura y demás elementos
que el jugador considere estimable.
En el supuesto de que el deportista en el plazo de un año desde la fecha de extinción, contratase sus servicios con otro
club o entidad deportiva, estos serán responsables subsidiarios del pago de las obligaciones pecuniarias señaladas”.

Pues bien, esta norma, que en principio debería haber supuesto que el propio deportista pudiese desvincularse
anticipadamente de su contrato de trabajo a cambio de una indemnización razonable (pactada o decidida
judicialmente), se ha demostrado como una norma inútil e inaplicable por cuanto los clubes, de facto, han impuesto en
los contratos de trabajo cantidades exorbitantes como pago por cláusula de rescisión, lo que ha conllevado que en la
práctica, los jugadores de fútbol (o de otros deportes colectivos), no puedan liberarse de sus contratos hasta la
finalización de los mismos o hasta que su club empleador acuerde su transferencia.

2. Análisis de la cláusula de rescisión y del Reglamento FIFA


Pero ocurre que, en ocasiones, como en el caso de Javi Martinez este verano, a pesar de lo desorbitado de una
cláusula de rescisión, un tercer club está interesado en su abono para obtener el traspaso del jugador. En estos casos
surge la cuestión de si esta figura de la cláusula de rescisión se amolda al sistema de transferencias del Reglamento
FIFA. La cuestión es relevante, ya que si se concluyese que la cláusula de rescisión NO ES equiparable a un transfer,
las siguientes problemáticas se activarían :

- Aparte del pago de la indemnización pactada, se deberían imponer sanciones disciplinarias al jugador y al club de
destino, si el contrato se extingue en el periodo protegido, ya que el Reglamento FIFA es claro a la hora de imponer
estas sanciones en casos de ruptura injustificada y anticipada del contrato.
- No se devengaría mecanismo de solidaridad en favor de los clubes formadores del jugador.
- Fiscalmente, se podría considerar que el pago realizado para obtener la liberación del contrato es una retribución
satisfecha por el nuevo club al jugador y que por tanto, éste último debe tributar en el impuesto sobre la renta, lo que en
la práctica haría imposible la utilización de las cláusulas de rescisión, ya que el deportista debería abonar a Hacienda
en torno al 50% de la cantidad abonada por su nuevo club al antiguo.


a. La estabilidad contractual en el Reglamento FIFA

El Reglamento FIFA sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores, desde el artículo 13 hasta el artículo 18 de su
cuerpo regulatorio, aborda “la estabilidad contractual entre clubes profesionales y clubes” donde establece como
principio general que un contrato entre un jugador profesional y un club podrá rescindirse sólo “al vencimiento del
contrato o de común acuerdo” (art. 13), para luego abordar los supuestos de terminación anticipada de los contratos,
distinguiendo supuestos de ruptura valida (por causa justificada y causa deportiva justificada) y distinguiéndolos de los
supuestos de ruptura injustificada del contrato.

El artículo 17.1 del Reglamento FIFA establece que la parte que rompa el contrato (tanto el club de origen como el
destino y el propio jugador están facultados a hacerlo como veremos posteriormente) se encuentra obligado a pagar
una indemnización que, bien puede pactarse a priori en el propio contrato o, en su defecto, se calculará conforme a una
serie de criterios abiertos :

“En todos los casos, la parte que rescinde el contrato se obliga a pagar una indemnización. Bajo reserva de las
disposiciones sobre la indemnización por formación del artículo 20 y el Anexo 4, y salvo que no se estipule lo contrario
en el contrato, la indemnización por incumplimiento se calculará considerando la legislación nacional, las características
del deporte y otros criterios objetivos.

Estos criterios deberán incluir, en particular, la remuneración y otros beneficios que se adeuden al jugador conforme al
contrato vigente o al nuevo contrato, el tiempo contractual restante, hasta un máximo de cinco años, las cuotas y los
gastos desembolsados por el club anterior (amortizados a lo largo del periodo de vigencia del contrato), así como la
cuestión de si la rescisión del contrato se produce en un periodo protegido”.

b. La cláusula de rescisión como pacto de extinción del contrato por mutuo acuerdo. Normativa FIFA

¿Cómo se incardina el supuesto de la cláusula de rescisión, existente cuasi exclusivamente en el ordenamiento
jurídico español, en este marco jurídico federativo en el que sólo se contempla la terminación del contrato por (i)
cumplimiento de la vigencia del mismo, (ii) mutuo acuerdo (transferencia), (iii) ruptura justificada o (iv) por ruptura
unilateral injustificada?

La respuesta la da el propio Reglamento FIFA, que en sus Comentarios a la norma establece que, mediante el pacto en
contrato de una cláusula de rescisión, las partes están predeterminando de mutuo acuerdo las consecuencias
económicas de la ruptura del contrato, lo que impide que se apliquen las sanciones disciplinarias por ruptura unilateral
anticipada del contrato, asimilando este supuesto al de la terminación del contrato de mutuo acuerdo (transfer).

“Sin embargo, las partes pueden estipular en el contrato la cantidad que el jugador pagará al club como indemnización
para rescindir unilateralmente el contrato (la llamada cláusula de rescisión). La ventaja de esta cláusula es que desde el
primer momento las partes acuerdan la cantidad y la fijan en el contrato. Al depositar esta cantidad a favor del club, el
jugador tiene derecho a rescindir unilateralmente el contrato de trabajo. Como con la cláusula de rescisión las partes ha
acordado ofrecer al jugador la posibilidad de finalizar el contrato en cualquier momento y sin ninguna razón válida, es
decir, también durante el período protegido, no pueden imponerse sanciones deportivas al jugador por rescisión
anticipada”.

Por lo tanto, cabe afirmar que la propia normativa FIFA alude al supuesto de la cláusula de rescisión no como una
ruptura anticipada del contrato, sino como un supuesto de extinción de mutuo acuerdo en el que las partes han pactado
previamente cual será el importe a abonar al empleador por parte del jugador y/o de su nuevo club, como
compensación por su transferencia.

c. Equiparación de la cláusulas de rescisión a un transfer por parte del TAS

La asunción manifestada no queda patente simplemente desde el análisis detallado del marco legislativo y de la
doctrina, sino desde la perspectiva jurisprudencial arbitral deportiva.

A estos efectos, deberemos atender a la Jurisprudencia emanada por el tribunal Arbitral del Deporte de Lausanne
(TAS/CAS), que es el órgano arbitral en el que se dirimen las disputas relativas al Reglamento FIFA y que es el órgano
arbitral de apelación ante cualquier decisión de la FIFA, las confederaciones nacionales o las federaciones
continentales, según lo dispuesto en el art. 66 de los estatutos de la FIFA (La FIFA reconoce el derecho a interponer
recurso de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), un tribunal de arbitraje independiente con sede en
Lausana, Suiza, para resolver disputas entre la FIFA, los miembros, las confederaciones, las ligas, los clubes, los
jugadores, los oficiales, los agentes de partidos y los agentes de jugadores con licencia).

Pues bien, a los efectos de definir la naturaleza de la cláusula de rescisión desde un punto de vista de derecho
deportivo, debemos atender al reciente caso CAS 2011/A/2356 SS Lazio vs. CA Vélez Sarsfield & FIFA. Laudo del
28/09/2011, en el que se establece lo siguiente :

“Así, en vista de lo anterior, la CRD llegó a la conclusión que había sido claramente establecido, y no fue impugnado
por las partes en esta disputa, que el contrato de trabajo entre el jugador y el club involucrado ha sido terminado en la
fecha antes mencionada, es decir, el 27 de abril de 2009 (véase el punto II./20 supra), como resultado del pago de la
suma de 20.000.000 euros para el club en cuestión. (…) La Cámara analiza en primer lugar el artículo 10 punto 3 del
contrato de trabajo entre el jugador y el club involucrado. En este sentido, la autoridad de decisión subrayó que esta
cláusula de rescisión no debe ser interpretada literalmente, es decir, adherirse sólo a la letra de la cláusula en cuestión,
sino de acuerdo con la teoría que reconoce la intención de las partes, es decir, determinar el sentido que las partes
razonablemente pudieron haber querido dar a la cláusula contractual. La CRD puso de relieve el hecho que de acuerdo
con esta interpretación, parece probable de acuerdo con el principio de la buena la fe y en vista de la considerable
suma de 20 millones de euros prevista en la cláusula en cuestión, que el club y el jugador involucrado previeron la
posibilidad de un tercer club que indirectamente interviniere en el pago de la cláusula de liberación en forma subsidiaria
con el fin de contratar los servicios del jugador. (…) En vista del párrafo anterior, la Sala considera que las dos
situaciones, es decir, en concreto la que nos ocupa en el presente procedimiento relativo al pago de EUR 20 millones
por el demandado, de conformidad con el artículo 10 punto 3 del contrato de trabajo firmado entre el jugador y el club
involucrado, y el pago de una suma por un club a otro en relación con una transferencia típica, son similares y tienen
las mismas características, ya que ambos constituyen una transferencia acordada entre los dos clubes y un jugador por
una cantidad específica para la terminación anticipada de una relación laboral anterior, excepto por el hecho que se
diferencian en que el valor de la transferencia se ha acordado bilateralmente en un primer momento, es decir, sin la
intervención del club interesado, la parte demandada.

Sin embargo, ésta (el club de destino) dio su acuerdo para el movimiento del jugador, de su traslado, en una etapa
posterior, es decir, cuando accedió a firmar con el jugador y pagar el importe de acuerdo con la cláusula pertinente del
anterior contrato de trabajo.

En cuanto a las similitudes en los dos primeros casos, la CRD puso de relieve que en ambos casos una suma fue
pagada al club anterior del jugador, con el fin de que pueda dar por terminado el contrato de trabajo antes de la fecha
de vencimiento contractual con la finalidad de ser transferido al nuevo club. La Cámara también insistió en el hecho de
que la única diferencia residía en el hecho de que en el presente caso, la "compensación de transferencia" se
estableció a nivel bilateral y que el demandado no fue consultado en un primer momento, sin embargo, posteriormente
libremente ha aceptado y pagado la correspondiente cantidad de 20.000.000 euros para el club en cuestión".

De conformidad con lo concluido, la misma resolución arbitral prosigue dictaminando que :

“../… A continuación, la Cámara tomó nota de que en el balance, la cantidad de 20.200.000 euros se denomina "valor
contractual" y "Adquisición". Dichos términos indican que la cantidad de 20.200.000 euros, representa una transferencia
de la compensación pagada por el demandado al club involucrado. Además, la cantidad de 20.200.000 euros, se
menciona en el contexto de otras compensaciones de transferencia, los cuales fueron pagadas por la parte demandada
para el registro de nuevos jugadores. Como consecuencia, la CRD llegó a la conclusión que de acuerdo con la
redacción de dicho balance, y en el contexto en el que se menciona la cantidad de 20.000.000 euros, dicha cantidad ha
de ser interpretada como la suma que el demandado pagó al club involucrado para la transferencia del jugador. En
consecuencia, y en vista de los párrafos anteriores, la CRD decidió que en el presente caso, la activación de la cláusula
contractual por parte del jugador (cf. artículo 10 punto 3 del contrato de trabajo) celebrada entre el club involucrado y el
jugador, así como la redacción del balance de la demandada, teniendo en cuenta que la suma en cuestión, 20.200.000
euros, fue pagada voluntariamente por el demandado, tiene que ser considerada una transferencia acordada entre el
demandado y el club involucrado en el sentido del art. 21 en relación con el anexo 5 del Reglamento. La CRD subrayó
que el hecho de que dicha compensación para la terminación estaba prevista en el contrato de trabajo pertinente, como
se menciona en el art. 17 del Reglamento, no altera la interpretación de los hechos del presente caso. La Cámara
consideró que las circunstancias específicas de este asunto equivalen a una transferencia acordada entre el club
implicado, el jugador y el demandado, y que, por lo tanto, el art. 21 en relación con el Anexo 5 del Reglamento son
aplicables en este caso, teniendo en cuenta sus especificidades actuales. Subsidiariamente, la Sala sostuvo que si el
presente caso no se considera como una transferencia en que el art. 21 del Reglamento y el anexo 5 del Reglamento
son aplicables, esto llevaría a interpretar los artículos pertinentes en contra de su sentido y por lo tanto en contra del
principio de buena fe. En tal caso, dichos artículos podría interpretarse como contraria a la lealtad que debe observarse
en las relaciones jurídicas. No aplicar el art. 21 y Anexo 5 del Reglamento en el presente asunto, sería contrario al
sentido que deben ser dados objetivamente a estos artículos. La Cámara sostuvo además que esta opinión es aún más
justificada en vista de la ganancia de 20,2 millones de euros del club involucrado tras la salida del jugador para el
demandado”.

Las conclusiones del expresado laudo arbitral son clarificadoras de la consideración como transferencia que tienen
estos pagos realizados como pago indemnizatorio por la ruptura unilateral anticipada del contrato. Vemos sus
características y requisitos y su comparación con el caso expuesto :

a) Se requiere que exista un pacto en el contrato de trabajo que establezca una cuantía indemnizatoria para el caso de
la extinción anticipada del contrato. Dicha cláusula equivaldrá a la realización de una transferencia, con la matización
de que, consistiendo en una predeterminación del precio de traspaso, no interviene el club de destino: “la Sala
considera que las dos situaciones, es decir, en concreto la que nos ocupa en el presente procedimiento relativo al pago
de EUR 20 millones por el demandado, de conformidad con el artículo 10 punto 3 del contrato de trabajo firmado entre
el jugador y el club involucrado, y el pago de una suma por un club a otro en relación con una transferencia típica, son
similares y tienen las mismas características, ya que ambos constituyen una transferencia acordada entre los dos
clubes y un jugador por una cantidad específica para la terminación anticipada de una relación laboral anterior, excepto
por el hecho que se diferencian en que el valor de la transferencia se ha acordado bilateralmente en un primer
momento, es decir, sin la intervención del club interesado, la parte demandada”.

b) El club de destino debe ratificar esa cláusula con la realización del pago: “Sin embargo, ésta dio su acuerdo para el
movimiento del jugador, de su traslado, en una etapa posterior, es decir, cuando accedió a firmar con el jugador y pagar
el importe de acuerdo con la cláusula pertinente del anterior contrato de trabajo”.

c) Con estas premisas, el pago realizado debe considerarse hecho en compensación por la transferencia del jugador :
“la CRD llegó a la conclusión que de acuerdo con la redacción de dicho balance, y en el contexto en el que se
menciona la cantidad de 20.000.000 euros, dicha cantidad ha de ser interpretada como la suma que el demandado
pagó al club involucrado para la transferencia del jugador”.

d) El hecho de que el pacto se estableciese en el contrato de trabajo no enerva el hecho de que estemos ante una
transferencia: “La CRD subrayó que el hecho de que dicha compensación para la terminación estaba prevista en el
contrato de trabajo pertinente, como se menciona en el art. 17 del Reglamento, no altera la interpretación de los hechos
del presente caso”.

Conviene por último resaltar que el TAS/CAS otorga a estas cláusulas de rescisión de contratos la consideración de
cláusulas liquidadoras de daños (Arbitration CAS 2008/A/1568, M. & Football Club Wil 1900 vs FIFA & Club PFC Naftex
AC Bourgas, award of 24 December 2008) y su mencionada prevalencia respecto de cualquier otro criterio a los efectos
del eventual cálculo de la indemnización a abonar al club de origen (Arbitration CAS 2009/A/1909 RCD Mallorca SAD &
A. v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) & UMM Salal SC, award of 25 January).

 

Rodrigo García
Socio
LAFFER ABOGADOS
www.lafferabogados.com

Cambio en el régimen de tributación de plusvalías

Cambio-en-el-regimen-de-tributacion-de-plusvalias

pdfFrancisco Salinas - No es sólo cuestión de recaudar.pdf  (Publicado en Expansión el Miércoles 12 de septiembre de 2012)

Legal approach to Spanish Football situation

El régimen fiscal de la empresa familiar

articulo

El autor reflexiona sobre el régimen fiscal navarro de la empresa familiar, y señala que ‘cojea’ en la protección de aquel que dona en vida participaciones de una empresa familiar.

03.01.08

Tal como tuve oportunidad de poner de manifiesto a Confederación de Empresarios de Navarra en un artículo publicado en su boletín en abril del año 2006, el régimen fiscal navarro de la empresa familiar "cojea" en un aspecto fundamental como es el de la falta de protección de aquel que dona en vida participaciones en una empresa familiar.

No obstante, según se ha anunciado desde el departamento de economía y hacienda del Gobierno de Navarra, el Anteproyecto de Presupuestos de 2008 recoge una serie de medidas fiscales entre las que se encuentra la posibilidad de transmisión de empresas de padres a hijos, a partir de los 60 años, sin tributación.

Sin prejuicio de que sea necesario conocer si esta medida pasa finalmente a completar el régimen fiscal navarro de la empresa familiar y, en su caso, en qué concretos términos, conviene resaltar la necesidad de que bajo la misma se equipare el tratamiento fiscal otorgado al empresario navarro que transmite sus participaciones en una empresa familiar y, el que recibe el empresario que reside en territorio común, favoreciendo de igual modo la continuidad de las empresas navarras.

Las empresas familiares tienen un gran peso específico en la economía y por ello desde hace años se ha ido configurando tanto en territorio común como en el foral un régimen fiscal que evite que el relevo generacional en estas empresas conlleve un coste fiscal de tal magnitud que ponga en peligro su pervivencia. La finalidad del régimen es evitar que los sucesores se vean obligados a vender la empresa o parte de ella para poder hacer frente a la "factura fiscal".

Así, cuando el relevo generacional sucede mortis causa, tanto la normativa fiscal existente en territorio común, como la normativa navarra, prevén un especial trato en la sucesión de estas empresas.

No obstante, en algunos puestos el citado relevo generacional se produce en vida del empresario. Así sucede, por ejemplo, cuando es voluntad del empresario el jubilarse y su sucesor tiene una edad que permite y hace preferible que la sucesión se produzca en vida. O bien, ante una incapacidad sobrevenida del titular de la empresa que hace no sólo aconsejable sino necesario anticipar el relevo generacional.

Pues bien, es en la fiscalidad asociada a esa donación inter vivos cuando nos encontramos ante una falta de comprensión hacia el empresario navarro por parte del legislador foral.

Así, se cumplen determinados requisitos, el régimen fiscal de territorio común protege tanto al donatario, articulando una reducción del 95 por 100 del valor de lo recibido en el impuesto que grava la donación; como al donante, no considerado que existe una alternación patrimonial en su IRPF.

En Navarra, sin embargo, la donación de una empresa familiar en vida no goza de un régimen fiscal que otorgue al donatario bonificación o exención alguna, lo que supone no reconocer a la empresa familiar ningún trato fiscal diferenciado de cualquier otro bien o derecho.

Esta falta de reconocimiento a nivel fiscal podría tener cierta justificación a nivel cuantitativo, que no por concepto, pues de todos es bien conocido la prácticamente inexistente (0,8 por 100) Tributación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en donaciones efectuadas a descendientes.

Sin embargo, no resulta de fácil comprensión que, a efectos del IRPF del donante, únicamente quede protegido el empresario que ejerce su actividad como persona física y dona la totalidad del patrimonio empresarial, y no aquel que es titular de las participaciones de una sociedad a través de la que ejerce la actividad.

Así, estos empresarios navarros, que ejercen su actividad a través de una sociedad mercantil, se encuentran faltos de protección cuando, como donantes de las participaciones de su empresa, con cómo generalmente tienen que hacer frente a una importante plusvalía que se pone de manifiesto en su IRPF con ocasión de la citada donación.

Esta falta de previsión de la normativa navarra del IRPF, provoca que un porcentaje elevado de los casos pueda "frenarse" la transmisión en vida de la empresa únicamente por su elevado coste fiscal, con las implicaciones que ello pudiera reportar para la marcha de la empresa.

Por todo lo expuesto, será esencial que la medida anunciada que recoge el Anteproyecto de presupuestos de 2008 sea finalmente instaurada en el ordenamiento jurídico navarro, cuanto menos en los mismos términos recogidos en la normativa que rige en el territorio común, pues la falta de protección del régimen fiscal vigente puede afectar en muchos casos al desarrollo o marcha de este tipo de empresas familiares navarras.


Francisco Salinas Mezquita

LFP ¿qué futuro aguarda?

articulo

Hace unos meses publicábamos un artículo sobre las medidas fiscales presentadas por el ministro de finanzas británico, Alistair Maclean Darling, para hacer frente a la crisis.
Dentro de estas medidas se preveía, a partir del próximo 6 de abril de 2010, el incremento del tipo marginal del IRPF británico del 40% al 50% para todas aquellas personas que obtuvieran rentas superiores a 150.000 libras.


5.11.09


Hace unos meses publicábamos un artículo sobre las medidas fiscales presentadas por el ministro de finanzas británico, Alistair Maclean Darling, para hacer frente a la crisis.

Dentro de estas medidas se preveía, a partir del próximo 6 de abril de 2010, el incremento del tipo marginal del IRPF británico del 40% al 50% para todas aquellas personas que obtuvieran rentas superiores a 150.000 libras.

Entonces nos cuestionábamos si la Premier perdía atractivo para los futbolistas como consecuencia de la subida de impuestos y la devaluación de la libra esterlina, frente a ligas como, por ejemplo, la española (LFP) que ofrecía una tributación muy atractiva para jugadores extranjeros que vinieran a nuestro país.

El famoso régimen fiscal español para impatriados permitía y, de momento permite, tributar a un tipo fijo del 24% por todas las rentas percibidas siempre que se cumplan ciertos requisitos legales. Teniendo en cuenta que el tipo marginal del IRPF en España está actualmente en el 43% este régimen supone una rebaja en la carga tributaria de 19 puntos para todos aquellos que, cumpliendo con los requisitos, se hayan acogido al régimen.

Pongamos un ejemplo:

1. Supongamos una hipótesis en la que un jugador español tuviera una ficha de 1.000.000 Euros brutos. En este caso el jugador tendría que pagar a Hacienda 430.000 Euros correspondientes al procedente tipo del 43%, quedándole una cantidad neta de 570.000 Euros.

2. Consideremos por otro lado que un jugador extranjero cobrase esa misma ficha, 1.000.000 Euros brutos. Dado que este jugador se podría acoger al régimen fiscal especial, tendría que abonar a Hacienda únicamente 240.000 Euros correspondientes al famoso tipo del 24% y le restaría para su bolsillo una suma neta de 760.000 Euros.

En cualquier caso, todos aquellos jugadores que a día de hoy estén aplicando este régimen pueden estar tranquilos ya que, según ha anunciado la ministra, el acuerdo político al que han llegado PSOE con IU-ICV y BNG prevé el mantenimiento del régimen para todos aquellos contratos firmados con anterioridad al 1 de enero del próximo año y, además, solo se plantea su supresión para aquellos supuestos en los que se perciban rentas superiores a 600.000 euros. ¿Será esta una cifra de referencia a partir de hora en la contratación de nuevos jugadores extranjeros?

Lo cierto es que esta medida acoge, aún sin pretenderlo, las quejas de otras Ligas de fútbol como la francesa o particularmente la italiana, las cuales han venido criticando de manera constante a FIFA la beneficiosa y prevalente situación de los clubes españoles frente a sus clubes merced a la, hasta ahora, más favorable normativa fiscal (24%) de nuestro país.

Parece que los mercados vuelven a igualarse.


Iván Zaldúa.
Laffer Abogados.

 

Spanish doping regulations, privacy and the WADA Code

articulo

Spain recently implemented antidomping regulations which atemp to tackle doping in sport whilst preserving constitutional rights to privacy. Rodrigo García and Mario Resino, of Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, highlight inconsistencies between the requirements of the World Anti-Doping Code and the Spanish regulations, and how they ilustrate the argument between those that think the fight against doping should trump constitutional rights and those keen to protect those freedoms.

07.07.09

Following the example of other European countries, Spain has proceeded in recent years to incorporate into its national legislation anti-doping regulations which derive from and transpose the WADA anti-doping regulations. In this regard, in 2006 the Organic Act on Health Protection and the Fight against Doping in Sport nº 7/2006 of 21 November was passed. As the regulatory development of that Act, four Royal Decrees have been passed which set out its contents and scope, the latest one being published on May 8, 2009, with the aim of “regulating doping test processes.”

This regulation is the object of intense controversy at both national and international levels due to the existence in its articles of certain limitations on the control exercised by the federations and the WADA concerning out-of-competition tests and the whereabouts information which the athletes must supply to their respective national and/or international federations.

Specifically, two regulations display the greatest inconsistency with the WADA World Anti-Doping Code:

- Article 47.1, which provides that “Out-of-competition doping tests may not be initiated or conducted during a time period between 11:00 p.m. and 08:00 a.m. the following day. During these hours, no out-of-competition doping tests or health inspections which are not justified on medical grounds may be initiated or conducted in Spanish territory, regardless of whether they have been ordered by an administrative authority, sports federation or international body”, later adding (Article 47.3) that “An athlete’s refusal to be subjected to doping tests during this time period will not incur any liability whatsoever.” It should be recalled that the WADA obliges athletes to be at the disposal of the testing inspectors 24 hours a day and to fix an hour each day (between 6:00 a.m. and 11:00 p.m.) in which they undertake to be in a specific place.

Article 45.1.c) of the same regulations provides that, although athletes must provide quarterly information on their whereabouts, this information (i) does not include any place whatsoever in which they are going to be located, but only their habitual residence and training place, and (ii) the information need Following the example of other European countries, Spain has proceeded in recent years to incorporate into its national legislation anti-doping regulations which derive from and transpose the WADA anti-doping regulations. In this regard, in 2006 the Organic Act on Health Protection and the Fight against Doping in Sport nº 7/2006 of 21 November was passed. As the regulatory development of that Act, four Royal Decrees have been passed which set out its contents and scope, the latest one being published on May 8, 2009, with the aim of “regulating doping test processes.”

This regulation is the object of intense controversy at both national and international levels due to the existence in its articles of certain limitations on the control exercised by the federations and the WADA concerning out-of-competition tests and the whereabouts information which the athletes must supply to their respective national and/or international federations.

Specifically, two regulations display the greatest inconsistency with the WADA World Anti-Doping Code:

- Article 47.1, which provides that “Out-of-competition doping tests may not be initiated or conducted during a time period between 11:00 p.m. and 08:00 a.m. the following day. During these hours, no out-of-competition doping tests or health inspections which are not justified on medical grounds may be initiated or conducted in Spanish territory, regardless of whether they have been ordered by an administrative authority, sports federation or international body”, later adding (Article 47.3) that “An athlete’s refusal to be subjected to doping tests during this time period will not incur any liability whatsoever.” It should be recalled that the WADA obliges athletes to be at the disposal of the testing inspectors 24 hours a day and to fix an hour each day (between 6:00 a.m. and 11:00 p.m.) in which they undertake to be in a specific place.

- Article 45.1.c) of the same regulations provides that, although athletes must provide quarterly information on their whereabouts, this information (i) does not include any place whatsoever in which they are going to be located, but only their habitual residence and training place, and (ii) the information need does not alter the rights and obligations of the signatories in relation with other prior binding agreements, and in any case explicitly declares that the validity and application of the World Anti-Doping Code is subject to its articles being coherent with the Community regulations (Directive 95/46/EC, among others) and the national legislation of each Member State.

The Working Party relates this admonition to the controversial aspects of the WADA’s regulations and its ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System), an online database which coordinates anti-doping activities throughout the world. The Working Party believes that:

- The strict controls established by the WADA regulations in regard to the whereabouts requirements contravene, in certain aspects, the Convention of the European Council (1989) if out-of-competition tests are not conducted at the appropriate moment and with appropriate methods or constitute an unreasonable interference in the athlete’s life .

- Similarly, the question is raised whether the WADA’s system of control and maintenance of athletes’ personal data infringes data protection regulations, when these regulations, moreover, have not been entirely harmonised at the EC level.

Some international federations, like FIFA or UEFA, also criticise the regulations on whereabout requirements, arguing that there is no sense in the WADA regulations being applied in collective sports in the same way as in individual disciplines, by means of individual controls on each athlete, because in collective sports the athletes could be located by way of the daily activity of the team, without the individual athletes being subject to daily control of their privacy. Other initiatives, like that of 65 Belgian athletes in bringing the WADA regulations before the High Court of Justice of the European Union under the argument that they contravene the EU’s privacy laws, indicate that in these respects the WADA regulations show signs of unconstitutionality.

However, even though it may be thought that the Spanish regulations relating to the whereabouts requirements will be imposed in Spain without further difficulty in lieu of the WADA regulations in the disputed aspects described above, the truth is that from now on Spanish athletes (or foreign athletes based in Spain) will find themselves in a delicate legal situation, since the WADA has a coercive instrument in the form of the sports federations and its own capacity to appeal to the Court of Arbitration for Sport (CAS).

Thus, in the event of an athlete who complies with the Spanish regulations and does not provide, for example, details of his/her short journeys or refuses to undergo an out-of-competition test at 2:00 a.m., the WADA or his/her international federation can theoretically ignore the Spanish domestic regulations and impose on him/her a federative sanction, with the risk of not being permitted to compete for a period of two years. In this case we are sailing into the tempestuous waters of the application of internal domestic regulations to the federative world.

These national regulations are often ignored by the international federations and even by the CAS, which as an arbitrational body has declared in some of its verdicts (e.g., Club Danubio v. Internazionale FC and FIFA) that it cannot enter into the question of evaluating domestic or European Union legislation in relation with federative regulations, when the latter (federative regulations) are clear and not subject to interpretations.


Rodrigo García/ Mario Resino