
Esta Ley, que entrará en vigor el próximo 13 de marzo de 2023 y que resulta ser la transposición al Derecho español de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (Directiva Whistleblower), trata de fomentar la comunicación de vulneraciones del ordenamiento jurídico en el marco de una relación profesional por parte de sujetos, conocidos como denunciantes o informantes.
Para ello, pone a disposición de estos sujetos una serie de facilidades, como la obligación de implantar un sistema interno de información en las empresas o el acceso a medidas de protección, de manera que puedan revelar cualquier infracción sin temor a sufrir ningún tipo de represalia, garantizando en todo momento la confidencialidad y anonimato en las comunicaciones.
En esta Newsletter 5/2023 se reflejan las principales novedades que introduce esta nueva normativa.
Antonio Bartolomé
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