cabecera_mercantil

La prohibición legal de competencia de los administradores

17.10.2014 Javier Gallego. Socio de Gallego Martos & Quadra-Salcedo
Artículo original en: www.expasion.com

Una de las prohibiciones que nuestro ordenamiento impone sobre los administradores de las sociedades de capital es la prohibición de competencia contenida en el art. 230 de la Ley de Sociedades de Capital. Además del cese del administrador infractor, se establecen otras importantes consecuencias como su responsabilidad patrimonial por daños o su exclusión como socio de la SRL (art. 350 LSC).

Entre las más relevantes cuestiones que plantea la aplicación de tal prohibición legal se encuentra la de su aplicabilidad en el supuesto de comunidad de administradores entre sociedades del mismo grupo cuya actividad converge sobre los mismos mercados o entre las que existen acuerdos de coordinación o subordinación; situaciones muy habituales en el ámbito de las inversiones realizadas por los fondos en sus sociedades participadas.

En todos estos casos, siendo la esencia del grupo la existencia de una dirección económica unitaria y la existencia de un interés común y superior del grupo, que engloba y supera los diversos intereses sociales de de las sociedades que lo integran, se pone en tela de juicio la efectiva subsistencia de la relación de competencia entre la sociedad tutelada por la prohibición de competencia y el operador que desarrolla actividad concurrente o complementaria respecto a la desarrollada por aquélla (sujeto de referencia externo).

En esta línea se orienta un sector de la doctrina que niega la existencia de la relación de competencia entre sociedades pertenecientes al mismo grupo que operan en el mismo mercado relevante como consecuencia de la dirección económica unitaria que caracteriza al grupo o, si existiese tal relación de competencia, considera que ésta sería meramente formal, de manera que, faltando en tales casos el presupuesto objetivo de aplicación de la prohibición de competencia, no habría lugar para su aplicación; conclusión a la que llega este sector tanto cuando entre las sociedades implicadas exista una relación de control absoluto como cuando en la relación de grupo el control sea relativo por existir socios minoritarios externos al grupo portadores de un interés opuesto al del grupo.

Otra posición doctrinal afronta la cuestión desde la perspectiva de la existencia del riesgo de conflicto de interés concurrencial entre la sociedad y el administrador (fundamento del carácter preventivo de la prohibición). No plantea dudas a este sector el hecho de que la existencia de un interés superior del grupo hace desaparecer la duplicidad de intereses concurrencialmente contrapuestos en el mercado entre el sujeto pasivo y el sujeto tutelado por la prohibición de competencia cuando entre los mismos exista una relación de control absoluto de la matriz sobre la controlada, es decir, en ausencia de socios minoritarios externos al grupo, lo cual determina la no aplicación de la prohibición.

Surgen las dudas, sin embargo, en torno a la hipótesis en que la relación de grupo existente entre la sociedad tutelada por la prohibición y el competidor se caracterice por el control relativo de la sociedad competidora sobre la sociedad tutelada por la prohibición o de la cabecera del grupo sobre ambos sujetos de referencia de la prohibición.

En efecto, la existencia de socios minoritarios externos al grupo portadores de un interés propio, no obstante la supremacía no discutida del interés del grupo, conforma de modo diverso el interés social de la sociedad tutelada por la prohibición. Es decir, las directrices dictadas por la matriz en contra del interés social de la controlada con socios externos desde la perspectiva concurrencial estarán justificadas sólo cuando el sacrificio concurrencial de la misma se imponga en aras del interés superior del grupo y no del interés particular de la matriz.

De este modo, se plantea en esta hipótesis la posibilidad de existencia de un riesgo de conflicto de intereses entre el administrador de la controlada que es portador también de los intereses concurrenciales de la matriz, ya que el mismo puede actuar guiado por el interés concurrencial particular de la matriz, y no por el interés superior del grupo, en perjuicio del interés social de la controlada con socios minoritarios externos. Por lo tanto, a nuestro juicio, en este caso la prohibición de competencia será a priori aplicable, y corresponderá a la Junta General decidir acerca de la existencia del riesgo de conflicto de intereses del administrador con la controlada.

Coherentemente, el acuerdo de dispensa de la prohibición de competencia en favor del administrador podrá ser impugnado por lesión del interés social de la controlada por parte de los socios minoritarios si no respondiese a exigencias de coordinación y dirección unitaria del grupo para la consecución de objetivos comunes que justifiquen el sacrificio concurrencial impuesto a la controlada.

A idéntica conclusión cabe llegar, finalmente, cuando entre las actividades de las sociedades del grupo exista una relación de complementariedad (expresamente contemplada en la formulación legal de la interdicción) o medien acuerdos de cooperación o subordinación productiva, financiera o comercial. El riesgo conflictual debe considerarse existente en las hipótesis de control relativo a efectos de aplicación de la prohibición.

 



Uso de cookies

“Utilizamos cookies propias y de terceros que analizan el uso que se hace de nuestra web para mejorar nuestros contenidos y optimizar su navegación. Si continúa navegando por nuestro sitio web, consideramos que acepta su uso. Para cambiar la configuración u obtener más información pinche aquí.

ACEPTAR